El documento, elaborado por el IGME @CSIC y la Dirección General del Agua de España, con la colaboración de las Confederaciones Hidrográficas, define cómo deben delimitarse estas zonas de protección en función de la población abastecida, el tipo de acuífero, su vulnerabilidad y las actividades que pueden generar riesgos para la calidad del agua. La metodología incluye fases de clasificación, modelización hidrogeológica, selección del método de cálculo y propuesta final de zonas protegidas.

Este procedimiento se integra en las políticas estatales de gestión sostenible del agua subterránea y refuerza la planificación hidrológica en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos.
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